Muchas víctimas fueron torturadas durante el Conflicto Armado Interno. La tortura, definida en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes -CNUT- de 1984, e inspirada directamente en el Art. 1 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, consiste en provocar a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido.¹

A una persona capturada se le aplicaban golpes, cortes o heridas, no se les dejaba dormir o comer, se les colgaba de manos o pies, se les asfixiaba; también se les obligaba a observar o escuchar mientras se torturaba a otros con medidas similares.

Muchas veces la violencia sexual también fue parte de la tortura. Aunque la tortura fue ejercida tanto por las fuerzas de seguridad del Estado, como por las organizaciones guerrilleras, se registran muchos más casos por parte del Estado.

La CEH registró 1,598 víctimas de tortura de las cuales un 54% sobrevivió. El resto fue asesinado o desaparecido. Es muy probable que los desaparecidos también hayan sufrido tortura. El uso sistemático de la tortura, según la CEH, implicó dos consecuencias colectivas fundamentales. En primer lugar, se formó y entrenó a expertos en las formas más eficientes y aberrantes de aplicar dolor sobre un ser humano para quebrarlo física y espiritualmente. En segundo lugar, la tortura se convirtió en algo “normal” dentro del trabajo rutinario de las estructuras militares y policiales del Estado, sobre todo entre los integrantes de Inteligencia, tolerado por la sociedad y los funcionarios judiciales.²