Tomo Uno: Estudio de los Elementos del Legado de la Represa Chixoy

El resumen ejecutivo incluye los principales hallazgos en cuanto al Financiamiento de la Represa, las Negociaciones sobre el Reasentamiento y la Violencia Relacionada, el Reasentamiento y Compensación, así como los Esfuerzos por Conseguir Reparaciones para la Población Afectada por la Represa.

La represa Chixoy y su central hidroeléctrica de Pueblo Viejo, construidas por el INDE -Instituto Nacional de Electrificación- con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, es la principal fuente de energía eléctrica para la República de Guatemala. Los diseños para esta obra fueron aprobados, el proyecto fue financiado y la construcción comenzó en el año 1975 sin ninguna notificación a la población local.

Comenzó la construcción sin realizar un censo general de las personas afectadas, sin adquisición legal de todo el terreno para apoyar las obras de construcción de la represa y de la central hidroeléctrica, ni la adquisición legal de la tierra que sería inundada por el embalse.

La construcción avanzó sin ningún plan para realizar la compensación, el reasentamiento y los modos de vida alternativos para aproximadamente 3445 residentes, en su mayoría del pueblo maya, que serían desplazados, y sin evaluar las pérdidas ni desarrollar medidas de salvaguarda para los 6000 hogares en las comunidades aledañas que enfrentaban la inundación de sus tierras y otras propiedades, la pérdida de sus sitios sagrados, la pérdida del acceso a la tierra, e interrupciones de sus rutas de transporte, de sus lazos socioeconómicos entre las comunidades, y su acceso a los mercados tradicionales.

El incumplimiento en ejecutar un programa viable de reasentamiento, compensación y reconstrucción contribuyó a la violencia en la zona.

Cuando la construcción estuvo completa y subieron las aguas del embalse en enero del 1983, se desalojó a la población a la fuerza mediante la intervención de patrullas militares y civiles, amenazándoles con armas de fuego, y perpetrando masacres.

Después de más de una década, la exhumación e investigación de la masacre del Rio Negro produjo un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de que esta violencia patrocinada por el Estado constituía genocidio, y que las masacres en Río Negro ilustraban cómo “muchas actitudes de resistencia a las decisiones administrativas, aunque fueran pacíficas, como ocurrió con relación a la construcción de la represa hidroeléctrica, fueron consideradas a priori como acciones guerrilleras y fueron abordadas mediante la represión violenta” (CEH 1999:Tomo 1, Anexo 1, Capítulo VI: Caso Ejemplar No. 10).