Justicia a Prueba en Guatemala: El Caso Ríos Montt

En un lapso de diez días los tribunales guatemaltecos hicieron y deshicieron la historia legal del país. El juicio del ex dictador José Efraín Ríos Montt, así como la condena impuesta el 10 de mayo de 2013 por genocidio y otras violaciones a los derechos humanos fue un logro extraordinario para un sistema de justicia que debe lidiar de manera simultánea con el legado de un atroz conflicto interno y las aflicciones contemporáneas de la violencia de pandillas, la corrupción y el tráfico ilícito de drogas.

Sin embargo, las víctimas apenas habían terminado de celebrar cuando la Corte Constitucional anuló la sentencia, en una decisión confusa que planteó dudas sobre si hubo intervención externa. La impunidad generalizada de la violencia del pasado y del presente tiene un efecto corrosivo sobre la democracia del país. No reanudar el juicio en contra de Ríos Montt por atrocidades masivas y no buscar la justicia para las víctimas de crímenes violentos debilitaría el escaso progreso alcanzado en el Estado de Derecho, incluyendo un poder judicial fuerte e independiente.

El caso en contra de Ríos Montt y del ex director de inteligencia militar José Mauricio Rodríguez Sánchez ha sido enviado a un nuevo tribunal, aunque los desafíos legales hacen que su reanudación sea algo incierta. Si es que el proceso se reanuda, los nuevos jueces tendrán que escuchar otra vez los testimonios concernientes a las masacres, violaciones, torturas y desplazamientos forzados de las comunidades Maya Ixil en 1982 y 1983, cuando Ríos Montt era el presidente de facto.

Los fiscales acusaron a los dos generales retirados por genocidio y violaciones al derecho internacional humanitario, argumentando que eligieron exterminar al pueblo Ixil con el objetivo de privar a las guerrillas de apoyo. Aunque el tribunal condenó a Ríos Montt, absolvió a su coacusado.

Gracias a décadas de trabajo por parte de organizaciones de víctimas, investigadores de los derechos humanos y antropólogos forenses, los fiscales pudieron hacer uso de una gran cantidad de pruebas orales, documentales y físicas.

El resultado fue un juicio público, en gran medida ejemplar, que incluyó el testimonio de más de 100 víctimas y expertos, sujetos al interrogatorio de ambas partes. Las imágenes transmitidas en televisión nacional del ex-dictador encarando a los testigos de una de las comunidades indígenas más pobres, demostró claramente el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.