Durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala, se llevaron a cabo actos sistemáticos o generalizados de eliminación de poblaciones civiles. Los restos de niñas, niños, jóvenes, mujeres, miembros de las comunidades masacradas en el interior del país, se han encontrado en fosas comunes. La identificación de cada una de estas víctimas ha sido posible gracias a las evidencias recogidas por las ciencias forenses.
Los cementerios clandestinos de víctimas del Conflicto Armado Interno, encontrados en los últimos años, han sido investigados a través de las ciencias forenses y los procesos que intervienen en ellos.
La exhumación es el proceso que consiste en extraer los restos de cadáveres de una persona, o de enterramientos colectivos, de su lugar de sepultura, regulado por el plazo establecido por el Ministerio Público, entidad que autoriza la realización de estos procesos.
Durante el conflicto hubo muchas masacres y muertes individuales y grupales de personas que fueron enterrados en los lugares de ejecución o cercanos a ellos. Varias instituciones se han encargado de llevar a cabo las exhumaciones para luego ser entregados los restos a sus familiares y de esa forma cerrar el duelo necesario por sus seres cercanos.1
La inhumación, consiste en el proceso de enterrar o dar sepultura a los cadáveres, realizándose de conformidad con las características culturales de los familiares de las personas encontradas y a los plazos establecidos en la ley. En el caso de Guatemala, esto se encuentra regulado por el Acuerdo Gubernativo No. 375-2007 de fecha 06/08/2007 en su capítulo III, Artículo 22.
El proceso de exhumaciones en nuestro país, adquieren vital importancia para la construcción de la paz y la reconciliación en Guatemala, ya que cumplen con la dignificación de las víctimas fallecidas y sobrevivientes, con el cierre del duelo de las familias y personas cercanas a las víctimas, con el esclarecimiento de la verdad de los hechos ocurridos y con la obtención de información para las investigaciones posteriores en el procedimiento judicial de delitos. Es una medida de reparación individual y colectiva.
