Las grandes matanzas son la manifestación violenta y masiva más extrema del Conflicto y marcan la memoria colectiva del mismo. Las fuerzas del Estado utilizaron como medida estratégica la eliminación masiva de aquellas personas sospechosas de participar o simpatizar con la guerrilla. Decenas de miles de personas, hombres, ancianos, mujeres, niñas y niños, fueron asesinados, especialmente entre 1981 y 1985.
Uno de los impactos más violentos ejercidos durante el CAI hacia la población guatemalteca, fue la construcción del enemigo interno para llevar a cabo las acciones represivas que se desarrollaron con total desprecio a los derechos humanos.1
Para muchas personas el conflicto es recordado como un desastre y resaltan las grandes dificultades que la población vivió, las pérdidas de las vidas y los problemas de sobrevivencia, como cuando se dice: “el tiempo de la violencia fue muy duro”. Para quienes se vieron afectados directamente, los recuerdos son amargos y muchas veces traumáticos. Se vivió la muerte de familiares o amistades cercanas. Si se tuvo que sobrevivir en condiciones terribles o se transformó radicalmente la vida de la familia y/o comunidad, es muy probable que el sentimiento de tristeza sea recurrente. Para los que enfatizan aquellas ofensas o daños que se consideran constantes en su pasado, existen agravios de largo plazo, como por ejemplo, los que han sufrido la población indígena desde principios de la vida colonial. Otras ofensas más recientes como la invasión de 1954, resulta fundamental para aquellos sectores que fueron excluidos y que dio lugar a sus luchas posteriores.
Aunque el Conflicto Armado Interno terminó, uno de sus efectos es la disputa entre quienes plantean la necesidad de la memoria para conocer lo que pasó, lograr que haya justicia a los crímenes de guerra y obtener reparaciones en correspondencia al daño causado, frente a los que claman por el olvido, que plantean que hay que dejar todo atrás para comenzar de nuevo sin enfrentar las consecuencias de los hechos.
Los Acuerdos de Paz fueron el resultado formal de las negociaciones que llevaron a cabo las partes confrontadas para alcanzar una solución al enfrentamiento armado. Estos acuerdos van más allá del cese del fuego, plantean la necesidad de reformas políticas y sociales a favor de la población, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y una transformación del Estado para hacerlo garante de los derechos fundamentales.
