Durante el Conflicto Armado Interno, una quinta parte de las víctimas fueron niñas y niños; formaron también parte de la estrategia de guerra para acabar con las semillas1. Los niños eran llevados por los militares, soldados, patrulleros civiles para “entregarlos” a otras familias o para que sirvieran en sus casas, perdiendo completamente su identidad. El propósito era probablemente borrar todas las evidencias de las violaciones a los derechos humanos que se habían cometido con los familiares y aprovechar el botín de guerra2.
Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñez desaparecida en Guatemala, uno de los objetivos fundamentales que tenía el Estado y sus fuerzas represivas, para la captura y desaparición de menores, era la adopción de los niños3, y en algunos casos, su venta.
Según el Informe REMHI de la ODHAG, los niños menores de 14 años, constituyó el 17.07% de víctimas del Conflicto Armado Interno. A muchos niños se les condenó a vivir con los asesinos de sus familiares sin saberlo4.
La sustracción5 o retención ilegal de menores desarrollada por militares durante el Conflicto Armado Interno, permitió la captura y traslado de niños y niñas desde sus comunidades originales a destacamentos militares, hogares temporales o lugares de captura clandestinos desde donde fueron dados ilegalmente en adopción6. Los victimarios pudieron entregar a los niños a entidades o personas militares, civiles o religiosas, sin seguir los procedimientos judiciales estipulados. Se falsificaron partidas de nacimientos, cambios de identidad, al punto que se permitió que los niños fueran adoptados por personas extranjeras y nacionales7.
Entre los factores que permitieron el cambio ilegal de identidad de la niñez y facilitaron estos hechos ilícitos, fueron: la desaparición forzada o muerte de los padres, la escasa edad de las víctimas, la destrucción y desintegración de las familias y las comunidades8, la destrucción de archivos civiles, etc.
