Durante el Conflicto Armado Interno desaparecieron 45,000 personas. Los desaparecidos son personas de las que no se sabe su paradero o si aún vive. Una de las razones porque ocurrieron los desapariciones forzadas fue sembrar el terror y el miedo entre la población. Esta forma de violencia fue ejercida sobre todo por el Estado, a través de instituciones como la Policía Nacional. Las fuerzas de seguridad capturaban a las personas y se negaban a informar sobre su paradero o reconocer su detención. El secuestro quedaba sin protección de la ley y sus familias no sabían dónde o cómo estaban. Las víctimas eran torturadas y sujetas a presiones de todo tipo con el fin de sacarles información y quebrar su voluntad para obtener información de sus organizaciones. Generalmente terminaba por ser eliminada físicamente en total secreto y anonimato, quedando su muerte solamente sugerida.1
Desde 1980 las fuerzas gubernamentales incrementaron las acciones contra todo tipo de oposición. La presencia guerrillera en varios departamentos del país fue perseguida con el asesinato individual y grupal de sospechosos, así como la desaparición. En total unas 45 mil personas fueron desaparecidas.2 Se cree que muchos fueron enterrados en fosas comunes en cementerios clandestinos o tirados al mar. En los últimos años algunos fueron encontrados en destacamentos militares e identificados por instituciones de antropología forense, al comparar su ADN con el de sus familiares.
La Comisión del Esclarecimiento Histórico -CEH- concluye que en Guatemala la desaparición forzada de personas constituyó una práctica sistemática que correspondió, en la casi totalidad de los casos, a operaciones de Inteligencia. Sus finalidades eran la desarticulación de los movimientos u organizaciones que el Estado identificaba proclives a la insurgencia, y extender el terror en la población. Las víctimas de desapariciones fueron campesinos, dirigentes sociales, estudiantiles, catedráticos, dirigentes políticos, miembros de comunidades religiosas y sacerdotes e, inclusive, militares o paramilitares que cayeron bajo sospecha de colaborar con el enemigo. Quienes perpetraron estas desapariciones forzadas violaron los derechos elementales de la persona humana.3
