Justicia

Biblioteca de la Memoria

Biblioteca de la memoriaViolaciones contra Derechos Humanos

Justicia

El acceso a la justicia es un derecho de las víctimas, si no hay avances en los procesos de justicia no se resuelve una parte importante de los problemas que viven las víctimas.  Si se quiere construir un Estado de derecho en el que se representen las leyes en todos los ámbitos, no se puede aplicar justicia en determinado lugar y en otro no.


Un momento significativo después de los conflictos armados civiles o internacionales, son los procesos de justicia que les siguen, por ejemplo en Alemania, los Juicios de Nüremberg, en Japón, los Juicios de Tokio, los juicios llevados a cabo en Chile, Argentina, Guatemala y otros países.  En Guatemala, existen organizaciones dedicadas al avance de los procesos de justicia relacionados con el CAI, y procesos en materia legal que acompañan a las víctimas en el derecho a la verdad y el resarcimiento.


Los avances en materia de justicia social en nuestro país, se ve reflejado en los retos que la sociedad guatemalteca ha enfrentado para la consolidación de un estado de derecho y para la recuperación de una sociedad postconflicto.  Se ha buscado promover la importancia que tienen tanto el Estado como la sociedad civil de poner en práctica acciones concretas y condiciones necesarias para la reconciliación social.  Los componentes de la justicia transicional que en nuestro país se han puesto en marcha son cuatro; éstos incluyen las acciones y recursos que desde el Estado y desde la sociedad civil se han concretado para cumplirlos.

 

El primer componente: conocer lo que pasó incluye los archivos e investigaciones que el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico a través del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI-, el informe Guatemala: Nunca Más, y el Archivo Histórico de la Policía Nacional Civil ha realizado desde la sociedad civil y el gobierno.


El segundo componente: aplicar justicia, a través de las denuncias y procesos penales (juicios) y los procesos de exhumación, ha propiciado desde el Estado, la Ley de Reconciliación Nacional (Amnistía), y desde la sociedad civil, los aportes que la Fundación de Antropología Forense -FAFG- ha realizado en los procesos de exhumaciones de víctimas del conflicto y el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas -CAFCA-. Asimismo, las investigaciones, procesos penales y condenas con participación del Estado y la sociedad civil con un importante aporte del Bufete Jurídico de Derechos Humanos y el Centro de Acción Legal de Derechos Humanos -CALDH-.

 

El tercer componente referente a resarcir los daños, ha posibilitado que desde el Estado y la sociedad civil se llevaran a cabo acciones específicas sobre la repatriación y regreso de refugiados en otros países, la implementación de medidas económicas, entre otros.  La Secretaría de la Paz y el Programa Nacional de Resarcimiento han colaborado en estos procesos como instituciones del Estado. Las organizaciones de víctimas han realizado una labor de fiscalización a las acciones de resarcimiento y han realizado una importante contribución para que el programa de resarcimiento no desdibuje su mandato de reparar a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Este último creado por el Acuerdo Gubernativo 258-2003 y su reforma por el Acuerdo No. 539-2013.  Desde la sociedad civil, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial -ECAP-, entre otras instituciones, ha colaborado en los procesos de recuperación psicosocial, así como en el ámbito de las exhumaciones para la recuperación de los cuerpos, la FAFG y CAFCA.


El cuarto componente referido a la no repetición, las acciones emprendidas se refieren a conmemoraciones locales, museos, murales, sitios de conmemoración, educación sobre el CAI y educación para la paz.  Desde el Estado, el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas -AIDPI-, la reforma educativa, la transformación en el Ejército y otras instituciones estatales, la incorporación de población organizada en armas (guerrilla) a la vida civil.  Desde la sociedad civil, la práctica de conmemoraciones locales y privadas en memoria o para la dignificación de las víctimas del CAI, la educación para la Paz reflejada en la Mesa de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, los esfuerzos del Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social -IIARS- de orientar a la población a la no repetición de los hechos de violencia y la Fundación PROPAZ.

 

El derecho a la justicia se reflejan en los siguientes instrumentos internacionales: en la Convención Americana de Derechos Humanos, se incluye en su Artículo No. 8; la Declaración Universal de Derechos Humanos lo hace en el Artículo 10; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hace referencia a este derecho en su Artículo no. 14.1.  La Constitución política de Guatemala, igualmente lo incluye en sus artículos No. 12 y No. 29.